María Márquez / Imagen: Diego S. Villasante. Madrid
Pocas novedades en el discurso ministerial y dos claros protagonistas en los de la oposición, el copago y el temor a la invasión competencial de las autonomías, en la primera comparecencia de Ana Mato en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado. De lo anunciado en las últimas semanas en el Congreso y la Cámara alta, es reseñable la Ley de Servicios Básicos mediante la cual la ministra quiere dar “valor normativo” al Pacto de ámbito sociosanitario, el fomento de la investigación sobre medicamentos relevantes para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y la creación de la Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria que liderará la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas.

Imagen de la Sala Campoamor donde la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha pronunciado su primer discurso en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

El Pacto, de nuevo eje del discurso ministerial

La necesidad del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales (a presentar “en un plazo razonable de tiempo”) ha sustentado una parte importante del discurso de la ministra, más extenso que el de su intervención en el Congreso con alusiones a temas variados como el consumo, la infancia, la discapacidad o los mayores. En el ámbito estrictamente sanitario, referencias al NICE británico, interés por impulsar “la generación de conocimiento de medicamentos relevantes para el SNS” (en especial estudios comparativos en condiciones reales en uso), anuncio de un “banco” de buenas prácticas y protocolos comunes de actuación en torno a las enfermedades raras, y la ratificación del anuncio del delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, acerca de la unificación mediante una norma nacional de los distintos límites legales de la venta de alcohol a menores de edad existentes en la actualidad en las administraciones autonómicas.

Tres de los asesores más cercanos a la ministra le han acompañado en esta primera comparecencia en la Comisión, como es el caso del director general del Imserso, César Antón (izq), el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas. A la derecha, en un momento de su intervención.

Los límites competenciales

Los partidos de la oposición han tenido dos dianas claras a la hora de focalizar sus discursos: la opinión de la ministra sobre el euro por receta catalán y el mensaje ministerial “uniformizador”, como lo ha tildado el portavoz del Grupo Vasco, José María Cazalis, en referencia al temor de que los proyectos de Mato invadan las competencias autonómicas. Así, Cazalis ha recordado a la ministra “la necesidad de mantener un respeto a la arquitectura constitucional del Estado español”. En esta línea se ha manifestado también la portavoz de CiU, Coralí Cunyat, quien ha asegurado “coincidir en muchas propuestas” con la ministra, si bien le ha instado a no sobrepasar el límite competencial. En el turno de respuesta, la ministra ha insistido, como en ocasiones anteriores, en su “escrupuloso respeto” a dichas competencias autonómicas.

En la imagen de la izquierda, los senadores socialistas Raquel Miriam Andrés y el portavoz Roberto Lertxundi. A continuación, senadores del Partido Popular: el portavoz, Jesús Aguirre, María Carmen Riolobos y María de los Ángeles Ortega.

Lertxundi no consigue la valoración de Mato sobre el euro por receta catalán

La luz verde dada por CiU al euro por receta en Cataluña también inquieta notablemente a los senadores de la oposición. A pesar de su insistencia, el portavoz socialista Roberto Lertxundi, no ha conseguido que Mato valore claramente la medida catalana, sino que la ministra se ha limitado a citar a varios representantes del PSOE (Pajín, Jiménez, Geli, Jáuregui…) que “plantearon”, según ella, el copago. “Yo no voy a llegar a tanto, voy a hacer un Pacto, en el que ya hemos empezado a trabajar en el Consejo Interterritorial”, ha dicho tajante. Lertxundi le ha advertido de que el copago supondría "la ruptura de la cohesión de España", a lo que ha añadido su sospecha de que el Partido Popular lo generalizará en el conjunto del país. "La enfermedad no paga impuestos; la salud no es un bien de consumo", le ha advertido a la ministra.

Por su parte, la portavoz de Entesa Pel Progrés, Mónica Almiñana, ha mencionado también el “repago” puesto en marcha en Cataluña para denunciar que “tratan de convencernos de que no hay otras soluciones, pero no es cierto”, al tiempo que instaba a analizar vías como impuestos al tabaco y el alcohol para fondos finalistas, ahorro de gasto farmacéutico y la apuesta por la monodosis y los formatos adecuados a la prescripción.

En primer término, los senadores del PP José Antonio Rubio Mielgo y María del Carmen Luis. A la derecha, el portavoz del Grupo Vasco, José María Cazalis.

El por qué del retraso en la incoporación de dependientes moderados

En su intervención sobre la Ley de Dependencia, la ministra ha reconocido “el importante avance” que ha supuesto la normativa para “mejorar la atención de las personas en esta situación”, así como creadora de un sector “generador de empleo estable y de calidad” que se ha comprometido a “impulsar”. Sin embargo, ha señalado la frustración ante la falta de financiación con la que se diseñó la norma. Ante la inquietud manifiesta de forma especial por Cazalis (GPV) y Raquel Miriam Andrés (GPS), Ana Mato ha atribuido el aplazamiento de la incorporación de dependientes moderados a que “no había manera de financiarlo porque las comunidades ya estaban recortando las prestaciones de la Ley”. En este sentido, Mato ha recordado el recorte de 80 millones de euros que el PSOE decidió en 2011 “cuando entraban más de 200.000 beneficiarios” en el sistema. “Preferimos retrasar la incorporación para poder cumplir con los requisitos y poder garantizar la atención”, ha argumentado la ministra. Por otro lado, ha criticado la generalización de la figura del cuidador familiar “cuando era una excepción” en la norma y ha señalado que en ciertas autonomías “se atribuía el mismo dinero por la atención en una residencia que por el cuidador familiar”, de ahí que Mato abogue por “criterios de referencia comunes sobre el coste, la asignación de fondos en función del servicio prestado y el planteamiento de una misma norma para determinar la capacidad económica del beneficiario”.
 

De izquierda a derecha, Mónica Almiñana, portavoz del grupo Entesa Pel Progrés; la presidenta de la Comisión de Fomento y vocal en la Comisión de Sanidad, Dolores Pan, y la portavoz de CiU, Coralí Cunyat.

En el conflicto transfronterizo La Rioja-País Vasco, Mato pide “confianza” en el Ministerio

El portavoz del Grupo Vasco, José María Cazalis, ha incluido en su discurso el conflicto por la asistencia transfronteriza entre País Vasco y La Rioja, recordando a la ministra que el acuerdo bilateral caduca el próximo 28 de marzo. Mato le ha pedido "un voto de confianza al Ministerio" ya que, ha asegurado, "no va a permitir que haya diferencias de asistencia entre las autonomías", al tiempo que ha agradecido a los consejeros de ambas comunidades "su esfuerzo por llegar a acuerdos".

El PP, satisfecho con la hoja de ruta iniciada

Desde el Partido Popular, su portavoz Jesús Aguirre se ha mostrado satisfecho por la "hoja de ruta" trazada por el Gobierno en el ámbito sanitario, especialmente en lo referente al calendario vacunal y la compra centralizada, medidas que asegurarán, según Aguirre, el "sostenimiento del Estado de Bienestar". María Carmen Riolobos ha hecho hincapié en el trabajo realizado por la ministra en el ámbito del consumo, como las medidas de protección al consumo de alcohol por parte de menores, así como su interés por el comercio electrónico.